Intervención de la Sociedad General de Autores de España (S.G.A.E.)

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El Ministro de Cultura ha solicitado en la Audiencia Nacional la intervención judicial temporal de la S.G.A.E., por un tiempo de seis meses, así como la remoción de la cúpula directiva, al amparo del artículo 192.9 de la Ley de Propiedad Intelectual.


La historia comenzó, en julio de 2017, con 13 requerimientos por "incumplimientos gravísimos" dirigidos a la S.G.A.E. Entonces estaba en el Gobierno Don Mariano Rajoy.


El 27-09-2018, cuando ya se encontraba en el Gobierno Don Pedro Sánchez, se realizó un nuevo requerimiento a la S.G.A.E., concediéndole un plazo, para su cumplimiento, de tres meses. Ese requerimiento constaba de tres puntos:


1. Adaptación de los Estatutos a la Ley de Propiedad Intelectual.

2. Renovación de la Junta Directiva en unas elecciones con voto electrónico para que pudieran votar los socios no residentes en Madrid.

3. Reparto de los derechos recaudados en 2018 conforme a la Ley de Propiedad Intelectual.


Es una evidencia que tanto Rajoy como Sánchez están de acuerdo en este asunto y, entre bambalinas, se encuentra la Agencia Tributaria. Ahora, con varias elecciones a la vuelta de la esquina, el tema no se ha "traspapelado" y se sigue adelante. Luego, debemos pensar que la cuestión tiene calado.


A pesar de todo, se sigue sin abordar el problema de fondo. Para empezar, la Sociedad General de Autores de España tiene un nombre inadecuado. Su actividad está enfocada a músicos, compositores y artistas con actividades próximas. Si entran en su página “web” e indagan acerca de quien se puede afiliar y que obras se pueden registrar difícilmente encontraran una referencia a un libro.


En el artículo 16 de sus Estatutos existe una referencia a "escritores (obras literarias)", el resto es música y teatro.


Autores de artículos: ¡Abstenerse!

Profesores, autores de manuales científicos: ¡Abstenerse!

Etc…


Cuando la S.G.A.E. recauda su parte del canon de las fotocopiadoras, olvida que en la fotocopiadora se duplican sobre todo artículos de prensa, sino que se lo digan los encargados de los "resúmenes de prensa" de Ministerios y empresas. También se fotocopian cientos de miles de manuales universitarios, apuntes de bachillerato, etc. pero a sus autores difícilmente les llegará algún beneficio económico pues ni siquiera pueden afiliarse a la principal Asociación, la S.G.A.E.


Por cierto, seguro que en su empresa existe una fotocopiadora: ¿Cuántas veces han visto a algún compañero fotocopiando un manual para su hijo? Ahora, la pregunta del millón: ¿Cuántas veces han visto fotocopiar una partitura? Entonces: ¿Cuál es la causa de que el canon de las fotocopiadoras termine siendo repartido entre grupos de pop o rock que nunca han impreso las letras de sus canciones y, mucho menos, las partituras?


Si de base, la SGAE es una ficción para desviar el importe del "canon" hacia cantantes y músicos: ¿Por qué nos extraña que acudan moscas a la miel? ¿Por qué no se exige un programa de “compliance” general -penal administrativo, fiscal y ético-?


Si la Audiencia Nacional concede el requerimiento solicitado por el Ministerio, se nombrará un gestor o una comisión gestora, encargados de realizar las modificaciones necesarias para cumplir los requerimientos ministeriales, es decir: Adecuación de los estatutos a los requerimientos del Gobierno, celebración de elecciones y reparto de beneficios.


¿Qué ocurre si lo realmente necesario no es una "adecuación", sino una refundación para eliminar vicios como los descritos? Pues simplemente que ese gestor o esa comisión gestora no estarán autorizados para hacerlo o, dicho de modo coloquial: "Hoy, no toca".


El problema de fondo que existe es otro diferente. Una actuación sobre estatutos, elecciones y reparto de beneficios suena más a sociedad mercantil capitalista y con ánimo de lucro que a una altruista fundación no gubernamental. ¿No sería más adecuado aplicar normas mercantiles? Verá Vd., en una Sociedad Anónima, cuando el reparto de beneficios no es el adecuado no se nombra un gestor, por parte del Gobierno, actúa la Hacienda Pública mediante un procedimiento de inspección. Cuando se presentan unos estatutos no adecuados a la legislación, o no se actualizan los inscritos, el Registro Mercantil sencillamente cierra la hoja. Cuando una persona jurídica, llámenla como quieran, no tiene un proceso adecuado de votación, limita el derecho de los socios o realiza cualquier práctica similar, no se modifican sus estatutos por parte del Estado, pues a esa actuación inmediatamente la definiríamos como una “intervención estatal”, simplemente se la disuelve.


La conclusión es inmediata. Muy grave es la situación cuando dos gobiernos diametralmente opuestos coinciden en este tema y el gobierno del PSOE se atreve a comenzar el enfrentamiento en pleno periodo electoral.


El epilogo también resulta claro: La cultura es aquello que llena teatros, mueve dinero y facilita apoyo en los mítines. Quienes no escriben literatura, quienes redactan manuales científicos, los pobrecitos cuentistas que contamos cuentos como éste, etc. no tenemos derecho a participar del reparto de las mieles económicas que recoge el Estado del canon de copias, fotocopias, etc. y ni siquiera de pertenecer a tan noble y digna sociedad como es la S.G.A.E.


Si algún lector tiene un problema de cualquier índole con la Sociedad General de Autores de España, no dude en ponerse en contacto conmigo pues, como habrá comprobado a lo largo de este artículo, es evidente la opinión que me merece dicha Sociedad y, en consecuencia, será un auténtico placer asesorarle en esta materia y aún más entablar, caso de que el asunto así lo requiera, un procedimiento judicial contra la misma.


Manuel de Cristóbal

Abogado (ICAM 56.250)

28004 MADRID

91 532 73 90



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